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Miércoles, 05 Enero 2022 21:11

Consejo Supremo Indígena solicita plan de justicia para los pueblos originarios de Michoacán

Paracho, Mich.- En función del presupuesto “insignificante” destinado para la atención de los pueblos indígenas de Michoacán durante el año 2022, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM el cual aglutina a 65 comunidades, solicitó al Gobierno Federal y Estatal, instauren un plan de justicia emergente para los pueblos originarios de Michoacán.  

Explicaron que el Gobierno Federal recientemente implementó un plan de justicia para el pueblo Yaqui,  en el que invirtieron 11 mil 600 millones de pesos para la restitución del territorio Yaqui, la ejecución de su derecho al agua y su bienestar integral y cultural, sin embargo, declararon que en Michoacán, el Gobierno Federal a 3 años de gobierno, no ha implementado un plan de infraestructura básica para los pueblos indígenas, ni ha invertido para la restitución del territorio de los pueblos originarios o para garantizar el derecho agua de las comunidades.

Manifestaron que al no existir un plan emergente para los pueblos indígenas de Michoacán, el Estado mexicano discrimina y excluye a los más de 150 mil habitantes hablantes de una lengua indígena y a los más de 500 mil habitantes que se reconocen como indígenas en el estado. Entre los principales pueblos originarios asentados en Michoacán se encuentran, los pueblos p'urhépecha, el pueblo Nahua, el pueblo Hñahñú u Otomí, el pueblo Jñatjo o Mazahua y el pueblo Matlatzinca o Pirinda.

En el estado,  según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL 2020), el 76.8% de la población hablante de una lengua indígena, se encuentra en la pobreza y el 35.7% se encuentra en la pobreza extrema (CONEVAL 2020), es decir, de cada 10 indígenas en el estado, 7.5 encuentran en la pobreza, en este sentido, el CSIM señaló que presupuesto para la atención de los pueblos indígenas, a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el año 2022,  es de 24 millones, lo cual argumentaron es un presupuesto insignificante e insuficiente para atender los problemas históricos de las comunidades originarias.

Sostuvieron que existe una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas de la entidad y no únicamente con los yaquis, toda vez que durante la conquista del actual territorio michoacano, los españoles esclavizaron a miles de indígenas, ejemplificando el paso de Nuño de Guzmán por Michoacán, “quien sitió, saqueó, devastó y despobló decenas de comunidades, tan solo en febrero de 1530, Nuño esclavizó a más de 8000 p’urhèpecha quienes fueron engañados, herrados y esclavizados”. 

De igual forma explicaron, que durante el periodo de la colonia, debido a las epidemias, la explotación brutal y las hambrunas, los pueblos indígenas sufrieron una catástrofe demográfica, toda vez que de los 300 mil indígenas que habitaban el antiguo Señorío P’urhépecha antes del arribo español, hacia 1580 únicamente sobrevivirían 30 mil, es decir, únicamente el 10% de la población originaria.

Revelaron que en el proceso histórico conocido como las Rebeliones de Pátzcuaro, en 1766 y 1767 más de 200 pueblos originarios se levantaron en armas, adelantándose a lo que después sería la Independencia y posteriormente los pueblos indígenas de Michoacán lucharon también en los ejércitos insurgentes de Hidalgo y de Morelos, “brindándoles diferentes apoyos que iban desde la entrega de recursos económicos, armamentos y materiales, hasta el envío de contingentes indígenas para la guerra”. También recordaron que 1811, diez mil indígenas apoyaron la instauración y defensa de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro y que los pueblos originarios de la entidad, participaron activamente durante la revolución, luchando por la defensa de los recursos naturales y por la búsqueda de la restitución de tierras ancestrales.  

Finalmente, manifestaron que en virtud de la deuda histórica del Estado mexicano con las comunidades indígenas de Michoacán, por la pobreza en que viven 7.5 de cada 10 indígenas en el estado, y por el presupuesto insignificante para su atención durante el 2022, solicitan un plan de justicia emergente para los pueblos originarios de Michoacán.     

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Manuel Morales Ordaz / Director General